Luego de la solicitud que recibió la Secretaría de la Función Pública (SFP) para investigar los vínculos que mantiene el presidente Andrés Manuel López Obrador con el empresario Daniel Chávez, dueño de Grupo Vidanta, la dependencia informó que no encontró evidencias que acrediten “la presunta comisión de hechos, actos u omisiones susceptibles de configurar alguna falta administrativa atribuible al servidor público y a los particulares”.
Con esto, descartó que exista conflicto de interés entre el gobierno y la empresa, esto luego de que se diera a conocer que la 4T otorgó a Grupo Vidanta una ampliación de una concesión para ocupar una playa por 15 años más, además de nombrara a su dueño como supervisor del Tren Maya.
La queja fue presentada por la senadora panista Xóchitl Gálvez, quien pidió a la Función Pública indagar también si la relación de AMLO con el empresario arrojaba otro conflicto de interés, toda vez que José Ramón López Beltrán, hijo del Ejecutivo Federal se desempeña como asesor legal de KEI Partners, de la que son propietaria los hijos de Daniel Chávez.
A través de un comunicado, la SFP recordó que el pasado 15 de febrero, recibió el escrito en el que se imputa a López Obrador y Chávez Morán de haber incurrido, presuntamente, en “conflicto de interés, cohecho y soborno”.
En el documento también se menciona a dos empresas, a dos hijos del particular y al hijo del Titular del Ejecutivo Federal, José Ramón López.
Al respecto, la Función Pública manifestó que con objeto de acreditar la veracidad de los hechos dados a conocer, la SFP inició un expediente de investigación un día después de presentada la queja –el 16 de febrero de 2022– siguiendo el debido proceso establecido por la ley.
Con base en la información obtenida y en el marco jurídico aplicable, la investigación determinó que el empresario Daniel Chávez Morán, nombrado como “supervisor honorario” en el proyecto “Tren Maya”, no recibió ni recibe ningún sueldo, emolumento, pago o retribución por parte de la Administración Pública Federal, ni ejerció las funciones de las personas servidoras públicas designadas en términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Tampoco se encontraron irregularidades en los actos jurídicos relacionados entre el Grupo Vidanta e instituciones del Gobierno Federal, añadió la SFP.
Con respecto a la relación de José Ramón López Beltrán con los hijos de Daniel Chávez, la secretaría, a cargo de Roberto Salcedo Aquino, aclaró que no tiene competencia para investigar actos jurídicos ajenos a la Administración Pública Federal, ni tampoco los actos celebrados fuera del territorio nacional, como los que se refieren en el escrito acerca de la empresa KEI Partners.
“Sobre la base de las evidencias, la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la SFP emitió el Acuerdo de Conclusión por Falta de Elementos, el cual fue notificado el día de hoy. La SFP ejerce sus atribuciones de investigación y sanción con sustento en las pruebas recibidas y recabadas, y con respeto al debido proceso”, abundó en su comunicado.
