La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que integrará nuevas carpetas de investigación en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, en las que se le acusa de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilegal.

Lo anterior, con base a denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2021, durante la gestión de Santiago Nieto Castillo.

Dichas denuncias presuntamente involucran operaciones ilegales que superan los tres millones de pesos, supuestamente por obras que realizaría la constructora Odebrecht y que involucrarían a 11 personas físicas y 33 personas morales, que presuntamente incurrieron en delitos de corrupción y desvío de recursos públicos.

Previo a dicha denuncia, la UIF denunció ante la PGR el 2 de septiembre de 2019 a 25 personas físicas y morales, con las que presuntamente, Pemex Exploración y Producción firmó diversos acuerdos con la Universidad Popular de la Chontalpa y que no se cumplieron.

En total, entre 2019 y 2021 la UIF presentó siete denuncias en contra de Emilio Lozoya y diversas personas físicas y morales, sin embargo, a decir de funcionarios federales, hay cinco indagatorias en curso, y para ello ha servido un criterio establecido recientemente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En ese contexto, los primeros días de mayo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el artículo 142, fracción IV, de la Ley de Instituciones de Crédito “no es arbitrario, desproporcional, ni vulnera el derecho a la vida privada, al permitir que las autoridades hacendarias federales requieran información para fines fiscales relacionada con el secreto bancario, sin mediar autorización judicial”.

Situación que supuestamente antes impedía que las denuncias de la UIF fueran consideradas como viables, ya que se requería autorización judicial vía el Ministerio Público para proceder en una denuncia.

Sin embargo, la resolución de la Corte ya no considera que se transgrede el derecho a la privacidad e intimidad de un ciudadano cuando “una autoridad hacendaria requiere información con la finalidad de verificar el correcto cumplimiento de la obligación ciudadana de contribuir al gasto público, el cual puede mermarse a través de conductas como la defraudación fiscal, el lavado de dinero, el terrorismo o la delincuencia organizada”, aunque la declaratoria de legalidad debe ser determinada por un juez.

Otras investigaciones

El pasado 19 de abril, Lozoya libró una acusación en su contra por el delito de defraudación fiscal tras ofrecer un pago de 2.6 millones de pesos (unos 130 mil dólares) para reparar el daño.

Según la acusación, Lozoya no pagó 2.6 millones de pesos (130 mil dólares) correspondientes al ejercicio fiscal de 2016.

El exdirector de Pemex enfrenta, además, juicios por presuntos casos de corrupción, uno de ellos por la supuesta compra a sobreprecio de la planta inservible Agronitrogenados al empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), a cambio de sobornos.

Y también está en prisión preventiva por haber recibido presuntamente 10.5 millones de dólares en sobornos de Odebrecht durante la campaña y la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Lozoya fue arrestado en España a principios de 2020 y extraditado a México a mediados de ese año.