Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, hizo un llamado a las autoridades del gobierno de México redoblar esfuerzos para acabar con la lacra de las desapariciones forzadas, un día después de que se anunciara que el país ha rebasado la cifra de 100 mil desaparecidos desde 1964.

“El flagelo de las desapariciones es una tragedia humana de enormes proporciones”, señaló la alta comisionada en un comunicado.

Además, Bachelet afirmó que “ningún esfuerzo debe escatimarse para poner fin a estas violaciones de derechos humanos y abusos de dimensión extraordinaria”.

En el texto se pone énfasis en la “abrumadora tasa de impunidad” en torno a estas desapariciones, ya que sólo en 35 de estos más de 100 mil casos han sido condenados los perpetradores.

Alrededor de una cuarta parte de las personas desaparecidas son mujeres, mientras que aproximadamente una quinta parte tenían menos de 18 años en el momento de su desaparición.

La oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos también recordó que más del 97 por ciento de las desapariciones cuya fecha se conoce ocurrieron posteriormente a diciembre de 2006, “cuando México transitó hacia un modelo militarizado de seguridad pública”.

Bachelet recordó en su mensaje a las familias de las víctimas, “que han sido clave para organizar y proponer soluciones, así como para lograr avances legales e institucionales encaminados a que se reconozca la magnitud de esta problemática en México”.

La alta comisionada, quien visitó el país latinoamericano en 2019, recordó en concreto a Rosario Ibarra de Piedra, cuyo hijo desapareció en 1975 y que hasta su muerte el pasado mes de abril ayudó a localizar con vida a 150 personas desaparecidas.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos reconoció algunos pasos significativos de México para avanzar hacia la solución de la lacra de las desapariciones, como la creación de comisiones de búsqueda en todos los estados o la fundación del Centro Nacional de Identificación Humano.

También ha establecido comisiones para examinar las graves violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1965 y 1990, así como la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.